La Justicia Federal dejó sin efecto el Decreto de Javier Milei que dispuso la intervención de OSPRERA el pasado 5 de agosto y le ordenó a la Superintendencia de Servicios de Salud que le devuelva a la UATRE el control de la Obra Social de los Peones Rurales. Fue tras la detección de presuntas irregularidades en los pasos para resolver su intervención. Además se investigará una denuncia contra funcionarios nacionales y contra el Diputado Nacional Pablo Ansaloni por el presunto delito de Asociación Ilícita y Tráfico de Influencias
El Juzgado Federal de Santa Rosa ordenó dejar sin efecto la intervención de la obra social de los peones rurales OSPRERA, decretada el pasado 5 de agosto, y restituir el control a la UATRE. Fue tras una presentación de su Presidente, José Voytenco patrocinado por el Gerente de Asuntos Jurídicos de la Osprera Lucas Eksiyan, con el asesoramiento del abogado Luciano Podestá; y con un fallo especialmente duro con la gestión del Superintendente Gabriel Gonzalo Oriolo. Así quedaría sin efecto el Decreto de Javier Milei y el control de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (OSPRERA) volverá a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).
En el mismo fallo, la Justicia le pide a Oriolo que presente los informes en los que se basa para haber tomado la decisión de designar un normalizador y, mientras tanto, se ordenó "la suspensión preventiva de los efectos la resolución fecha 05/08/2024 RESOL-2024-1612-APN-SSS#MS", con la que se intervino la institución "haciendo saber a la Superintendencia de Servicios de Salud y a toda entidad institucional y bancaria que corresponda, que se abstenga de ejecutarla". La Superintendencia presentó una serie de requerimientos que debían ser contestados antes del 22 de agosto, pero el 5 de agosto, sólo un día hábil luego de solicitarlos, resolvió la intervención.
Para el Juez, el estado contable "crítico" que describe la Superintendencia como argumento para la intervención no se condice con el "análisis preliminar del ejercicio contable cerrado al 31/12/2023", en el que "se advierte resultado positivo del ejercicio contable y con respecto a las deudas se advierte que las mismas han disminuido". Según el análisis del juzgado, tampoco coincide con la realidad el repaso de la situación prestacional que se detalla en la Resolución ni su nivel de litigiosidad. En ambos casos se presentan cifras muy por encima de los que pueden constatar efectivamente.
Además, el Juzgado tomó la denuncia contra el propio Oriolo, así como contra los titulares de las diversas áreas técnicas que hayan suscripto la Resolución, por el presunto delito de incumplimiento de deberes de funcionario público. También se investigará la denuncia por asociación ilícita y tráfico de influencias, contra el propio Oriolo, los funcionarios técnicos de la Superintendencia y contra el Diputado Nacional Pablo Ansaloni, "por asociación ilícita y tráfico de influencias, con el fin de desplazar ilícitamente a las legítimas autoridades de la OSPRERA y hacerse el control de la Obra Social".
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