La cooperativa aseguró que ejecutó la obra de electrificación conforme al contrato firmado con el desarrollador y sostuvo que no puede asumir un perjuicio económico que corresponde a un emprendimiento privado.
El Consejo de Administración de COOPSER difundió un extenso comunicado para fijar su posición frente al conflicto con el desarrollo inmobiliario Azahar San Pedro, luego de las críticas surgidas por la interrupción de conexiones eléctricas en el loteo. La entidad sostuvo que la obra de electrificación fue contratada, aceptada y ejecutada en su totalidad, pero que permanece impago un saldo de $31.219.526,99, correspondiente a la tercera etapa de los trabajos.
Según explicó la cooperativa, el convenio con Azahar San Pedro S.A. fue firmado en noviembre de 2023 y contempló la ejecución de las obras por etapas. La tercera fue presupuestada, aceptada por el desarrollador y realizada dentro de los plazos previstos. Desde COOPSER remarcaron que los cuestionamientos sobre el valor de los trabajos aparecieron recién después de que la infraestructura estuviera terminada y en funcionamiento. "La controversia sobre el presupuesto no fue planteada antes de ejecutar la obra, sino una vez concluida y con el saldo pendiente de pago", indicaron. Además, el consejero Oscar Silva afirmó que el desarrollador dejó de pagar una vez finalizados los trabajos y comenzó a cuestionar el costo ante el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia (OCEBA).
En el comunicado, la cooperativa también reveló que durante la ejecución del contrato recibió numerosos pagos mediante cheques de terceros que fueron rechazados por distintas causas, entre ellas falta de fondos, diferencias de endosos, defectos formales y denuncias de extravío. Según la entidad, toda esa operatoria quedó documentada y posteriormente fue reconocida por la empresa desarrolladora mediante documentación en la que deslindó de responsabilidad a COOPSER. La institución sostuvo que esos antecedentes evidencian que las dificultades contractuales existían mucho antes del conflicto que tomó estado público.
Respecto de la intervención de OCEBA, COOPSER aseguró que participó de todas las audiencias e inspecciones convocadas por el organismo, aportando presupuestos, documentación técnica y fundamentos jurídicos para respaldar el reclamo. Sin embargo, manifestó su desacuerdo con la posibilidad de revisar un presupuesto cuya ejecución ya había sido aceptada y concluida. En paralelo, Silva explicó que la cooperativa volverá a presentarse ante el organismo para continuar con el trámite administrativo y advirtió que la demora afecta el recupero de recursos que pertenecen a todos los asociados.
Otro de los puntos abordados por la cooperativa fue la línea de media tensión existente en el predio. La entidad sostuvo que esa infraestructura presta servicio desde 1984, varias décadas antes del desarrollo del loteo, por lo que cualquier adecuación necesaria como consecuencia del emprendimiento debe ser afrontada por el desarrollador y no por el conjunto de los asociados. Asimismo, informó que antes de adoptar medidas remitió cartas documento intimando el pago de la deuda y agotó las instancias administrativas para alcanzar una solución consensuada.
En ese marco, Silva explicó que actualmente cuatro lotes cuentan con suministro eléctrico, aunque adelantó que no se habilitarán nuevas conexiones hasta que el desarrollador regularice la deuda. "La gente compró de buena fe, pero nosotros no podemos seguir habilitando medidores mientras la obra siga impaga", sostuvo durante la entrevista.
Finalmente, el Consejo de Administración afirmó que defender el patrimonio de la cooperativa constituye una obligación legal, estatutaria y ética. "Aceptar que una obra sea ejecutada, recibida y utilizada sin el pago íntegro del precio convenido implicaría trasladar ese perjuicio económico a todos los asociados", expresó la entidad, que ratificó su decisión de continuar ejerciendo las acciones administrativas y judiciales que resulten necesarias para recuperar la deuda.
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