El Fiscal Matías Di Lello instruye una causa por contaminación ambiental. La denuncia fue radicada en CABA por una vecina de San Pedro ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA). La causa se unificó con una similar en Baradero: río arriba detectaron excesiva cantidad de bacterias vinculadas a los efluentes cloacales, muy por encima de lo permitido por las normativas vigentes. Semanas atrás el Juez Villafuerte Ruzo dictó una cautelar sobre el Municipio de San Nicolás para que elimine las "conexiones ilegales" de vertido de líquidos residuales hogareños e industriales al río Paraná y que ponga en condiciones las plantas de tratamientos cloacales de esa ciudad con los permisos ambientales exigidos en la legislación
El trabajo de la Justicia Federal de San Nicolás en el marco de una causa por contaminación ambiental derivó en un cruce entre el oficialismo local y un sector de la oposición tras la viralización de un video de Florencia Arietto en el que acusó de "chorro" al Intendente por la presencia de la Policía Federal en el Municipio al mismo tiempo que se dio la visita de la exfuncionaria macrista a San Pedro. Lo cierto es que la presencia de las fuerzas federales fue a partir de una orden del Juez Villafuerte Ruzo que nada tenía que ver con una causa por corrupción, sino por una investigación vinculado a la falta de tratamiento de los efluentes cloacales. La Policía Federal solicitó documentación sobre la planta depuradora al Municipio, planta que no funciona desde principios de la década del 80'.
A mediados de 2022 la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) recibió en sus oficinas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una denuncia por contaminación. El organismo, dependiente de la Procuración General de la Nación, giró las actuaciones a la Fiscalía Federal de San Nicolás, por jurisdicción.
En paralelo avanzaba una investigación similar en Baradero por parte Justicia Federal de Campana que ya había arrojado resultados: en la toma de muestras que se hicieron aguas arriba (hacia San Pedro) detectaron bacterias vinculadas a los efluentes cloacales con niveles muy por encima de lo que la normativa vigente permite. El Fiscal Matías Di Lello advirtió que las causas de San Pedro eran de la misma temática y pidió la fusión de los expedientes.
Semanas atrás, el Juez Federal Carlos Villafuerte Ruzo otorgó, ante un pedido del mismo Di Lello, una medida cautelar para la protección ambiental contra el Municipio de San Nicolás. Exigieron al municipio que elimine las conexiones ilegales de vertido de líquidos residuales hogareños e industriales al río Paraná y que ponga en condiciones las plantas de tratamientos cloacales de esa ciudad con los permisos ambientales exigidos en la legislación, informaron hoy fuentes judiciales.
Para la Justicia, según lo analizado en los informes preliminares de San Pedro, la situación sería más grave aún por inexistencia de plantas de tratamiento de efluentes cloacales.
El fallo en San Nicolás
El Juez Federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el representante del Ministerio Publico Fiscal, Matías Felipe Di Lello, en la que pidió regularizar el funcionamiento de las plantas de tratamientos de efluentes cloacales de esta ciudad que, según consta en el material probatorio de la causa, se encuentran en "mal estado de conservación y mantenimiento", además de no tener los permisos ambientales para operar. A su vez, durante la investigación se detectaron "conexiones ilegales" en los desagües de dichas plantas, esto es caños que desviaban el líquido para eludir su tratamiento y volcarlos al río Paraná.
En ese sentido, la cautelar exige que se desconecten "de forma inmediata" esos tubos, como así también se determine la procedencia de los dos conductos municipales detectados en las cercanías de la Central Térmica AES y que también sean bloqueados.
La medida contempla además, que se dé intervención a los organismos estatales que poseen una "obligación funcional" con las cuestiones investigadas como son el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental, dependiente del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Todo ello a los fines de que "se constituyan en las plantas de tratamiento de efluentes cloacales de zona Sur y Norte de esta ciudad, efectúen una inspección integral a efectos de constatar el estado actual de las mismas", especifica el documento.
A su vez, impone el plazo de 30 días hábiles para que presenten los correspondientes informes técnicos, "señalando cuáles serían las medidas estructurales que se deberían realizar para que las mismas operen correctamente de conformidad con los lineamientos establecidos por la ley de Política Ambiental Nacional Nro. 25.675". En la causa que tramita en el Juzgado Federal Nro. 2 de San Nicolás, también se solicitó que el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, el secretario de Obras Públicas y Planeamiento municipal, Darío Gritti y el presidente del Ente del Agua local, Federico Nicolás Agudo, sean indagados bajo la presunción de ser coautores de los delitos de infracción a la Ley de Residuos Peligrosos por contaminar el río Paraná con vertidos cloacales y el de incumplimiento de deberes de funcionario público.
El pedido de indagatoria solicitado por el fiscal Di Lello está basado principalmente en que considera que "existen elementos de prueba suficientes para sospechar, que los mencionados han intervenido en la actividad con relevancia penal". Según indicaron en Grupo La Provincia, la problemática de contaminación ambiental por vertidos ilegales de residuos considerados "peligrosos" al río Paraná llegó al Concejo Deliberante de San Nicolás, pero los concejales rechazaron su tratamiento en el recinto, donde el oficialismo que responde al intendente Manuel Passaglia cuenta con una amplia mayoría.
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