La historia de Juan Carlos Arévalo conmovió a San Pedro cuando se supo que su propio hijo y su nuera lo desalojaron y ocuparon la casa en la que vivió desde finales de la década del 80’ y en la que crió a sus seis hijos. El abogado Javier Silva logró que la Justicia Civil reconozca que más allá de quién posea la titularidad de la propiedad el usufructo le corresponde y ahora volverá a su hogar.
El Juez José Ricardo Eseverri, titular del Juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial Nº2 de San Nicolás, dispuso al entrega “inmediata” de la casa ubicada en calle Colón al 1080 al considerar que el legítimo ocupante de la vivienda es Juan Carlos Arévalo, un hombre de 91 años al que uno de sus hijos -y su nuera-, despojaron del hogar que construyó con sus propias manos y en el que vivió durante más de cuatro décadas.
Lo hizo “bajo apercibimiento de ser lanzados por la fuerza pública” y tras más de un año y medio de denuncias, contradenuncias y restricciones perimetrales. Con el patrocinio del abogado Javier Silva, logró que le restituyan su casa en un plazo de 10 días a partir de la notificación del fallo firmado el pasado 9 de octubre por Eseverri.
La Justicia Civil reconoció que cuando Juan Carlos escrituró su casa, y lo hizo a nombre de su hijo mayor, se aseguró que nadie pudiera sacarlo a él o su esposa hasta el momento de sus respectivas muertes gracias al usufructo vitalicio. Hace casi dos años, su hijo mayor “cedió” la propiedad a un hermano y este echó a su propio padre después de meses de conflictos dentro y fuera de la vivienda. Ahora deberán restituírsela.
“Mi propio hijo, ¿sabés lo que es eso?”
Así se lamentaba entre lágrimas Juan Carlos a mediados de 2024 cuando decidió contar lo que estaba viviendo. La historia conmovió a la ciudad después de que San Pedro Hoy hiciera público el caso.
Juan Carlos salía de una internación en el Hospital Sadiv cuando supo que ya no tenía casa y que fue echado por su hijo -titular de la propiedad pero no ocupante legal-.
Durante el último año y medio pasó sus mañanas y tardes sentado en un silla de comedor, en uno de los extremos de la mesa, mirando la televisión, en la casa del menor de sus hijos y a menos de 30 metros de la suya. Duerme en un sillón del living porque su salud le impide llegar a las habitaciones del primer piso, donde además no hay baño.
Todo esto ocurrió mientras la Fiscalía N°7 de San Pedro a cargo de María del Valle Viviani no dio curso alguno a la denuncia; el Juzgado de Garantías interviniente miró para otro lado y varios abogados de San Pedro le dijeron que no iba a recuperar su casa. No fue el caso de Javier Silva, quien tomó el expediente dormido por la Justicia Penal y lo llevó al fuero Civil.
Despojo
Juan Carlos vivió con su esposa y sus 6 hijos (5 varones y una mujer) en calle 9 de Julio al 400. Albañil de profesión, ayudó a la mayoría de sus hijos a construir sus casas a medida que se fueron independizando. A finales de la década del ‘80 compraron con su esposa un terreno sobre calle Colón al 1000 y decidieron ponerlo a nombre de su hijo mayor pero con un detalle que, 40 años después, fue la clave en el enfrentamiento con otro de sus hijos: el usufructo de la propiedad lo tiene Juan Carlos. En ese terreno, a finales de la década del 80', levantó su casa y vivió hasta hace poco menos de dos años. Es decir, más allá de quién sea el titular, mientras esté vivo Juan Carlos es el ocupante legítimo de su casa.
En medio de una serie de denuncias cruzadas entre hermanos, nueras, personal de cuidado y hasta vecinos que terminaron involucrados en el conflicto, parte de la familia se sorprendió al enterarse que el terreno, propiedad del mayor de los hijos de Juan Carlos, fue “cedido” por este a uno de sus hermanos: el mismo que se instaló en casa de Juan Carlos. Es decir, el hombre (hijo) que actualmente vive en la casa de Juan Carlos con su esposa e hijos es el nuevo dueño de la propiedad. Exhibió ante la Justicia una escritura que acredita su propiedad (cedida por su hermano) mientras que el hombre de 91 años resistió el despojo con el usufructo a su nombre, lo que le da derecho a explotar la propiedad hasta su muerte, más allá de las decisiones que hayan tomado sus hijos a espaldas suyas.
La Justicia
Una fuente judicial consultada por San Pedro Hoy reconoció que este tipo de conflicto entre familias son cada vez más frecuentes en la ciudad “más allá de no llegar a tener repercusión pública”, por darse “en zonas más periféricas”, y apuntó, más allá de la “miseria humana que reflejan estos casos”, a la falta políticas públicas que faciliten el acceso a la vivienda.
Increíblemente las primeras medidas judiciales (2024) fueron de “prohibición de acercamiento” (perimetrales) impuestas por los usurpadores contra el hijo menor de Juan Carlos (con quien vive actualmente tras irse de su casa) y contra la esposa de este; también contra la empleada doméstica e incluso contra una vecina a la que intentaron además hacerle sacar una cámara de seguridad de la puerta de su casa.
El temor de parte de la familia en ese momento era que intentaran aislarlo del resto de sus hijos y de toda persona que pudiera asistirlo; y que a raíz de esto no recibiera la debida atención lo que podía agravar su situación de salud y acelerar su muerte.
Por esto fue que su hijo menor, Marcos, decidió sacarlo de la casa de Colón 1080 y llevarlo a vivir con él. Semanas más tarde Juan Carlos, que volvía todos los días a bañarse y buscar ropa limpia, ya no pudo regresar: la puerta estaba trabada desde el interior.
Pasaron más de 500 días desde que Juan Carlos Arévalo fue despojado de su casa y ahora que la Justicia le dio la razón espera que se ejecute el desalojo lo más pronto posible para, más temprano que tarde, volver a su hogar.
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