Desde la reapertura de los procesos un total de 3490 personas fueron investigadas. El 25 por ciento están privadas de la libertad; en su mayor parte, en arresto domiciliario. Hay 21 juicios en curso y otros 73 aguardan fecha de inicio de debate.

Manuel Fernando Saint Amant murió condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Área Militar 132 que se encontraba bajo su mando

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a cargo de la fiscal federal Ángeles Ramos, informó que en la actualidad existen 626 causas en todo el país en las que se investigan los delitos del terrorismo de Estado, de las cuales 278 se encuentran en etapa de instrucción, 254 obtuvieron sentencia, 73 están elevadas a juicio y 21 se encuentran actualmente con el debate en curso.

El organismo encargado de articular con los y las representantes del MPF de todo el país la persecución penal en estos casos, puso de relieve que entre febrero y marzo de 2021 -mes del 45° aniversario del golpe de Estado de 1976- han iniciado los debates de cinco causas y que en abril se espera el inicio de otra. La marca se acerca en los primeros meses de este año al total de nueve registrado durante el 2020.

La Procuraduría indicó que la situación de emergencia sanitaria ha influido en la continuidad de los juicios: de los procesos iniciados previamente al aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el decreto 260/20 del Poder Ejecutivo Nacional, doce tuvieron sentencia y diez aún continúan en trámite. De los juicios que se iniciaron con posterioridad al decreto, once continúan en trámite y uno obtuvo sentencia.

Con los datos estadísticos cerrados al 16 de marzo pasado, los condenados y condenadas por estos crímenes desde 2006 -cuando se celebraron los dos primeros procesos orales y públicos tras la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida- suman 1025, mientras que otras 165 personas resultaron absueltas. Mientras tanto, hay 618 procesadas, 623 solamente imputadas, otras 104 fueron sobreseídas y hay 169 con falta de mérito, es decir con una situación aún no definida. Tampoco está definida la situación de otras 42 personas indagadas sobre las que aún no hubo resolución de mérito, mientras que suman 29 los prófugos y prófugas. A lo largo del proceso de verdad y justicia fallecieron 715 personas antes de que se dictara sentencia a su respecto.

Estas variables desagregadas conforman el universo de 3490 personas investigadas por delitos de lesa humanidad desde la reapertura de las causas. De todas ellas, hay 1661 personas -es decir, un 47% del total- que transitan los procesos en libertad, mientas que 859 -un 25%- se encuentran privadas de su libertad. De todas ellas, 636 cumplen el arresto en su domicilio. Esta modalidad de detención predomina desde 2016.

Por otro lado, en relación con el tiempo que insume la tramitación de estas causas, la Procuraduría promedió los plazos y estimó que transcurren cinco años y dos meses desde el requerimiento de elevación a juicio hasta el último fallo de la Corte Suprema para que una sentencia quede firme. Analizado ese lapso por tramos, el organismo estableció que en promedio transcurren cinco meses entre el requerimiento de elevación a juicio y la clausura de la instrucción; dos años y cuatro meses desde la elevación a juicio hasta el veredicto; y tres años y siete meses entre la sentencia y el fallo del último recurso ante la Corte Suprema.

Saint Amant III

En octubre de 2020 el Tribunal Oral Federal N° 1 de Rosario condenó a prisión perpetua a tres integrantes de Área Militar 132 y a tres años de prisión a un ex efectivo policial, en el juicio denominado “Saint Amant III”, por crímenes de lesa humanidad. De esta manera, el Tribunal coincidió de forma parcial con la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario, compuesta por el fiscal general Adolfo Villatte y el auxiliar fiscal Juan Patricio Murray.

El juicio, que comenzó el 11 de junio del 2019, juzgó crímenes cometidos contra cincuenta perseguidos políticos entre 1976 y 1977, en el marco del terrorismo de Estado de la última dictadura militar. Los delitos por los cuales fueron condenados ocurrieron bajo la jurisdicción de la Subzona 13 y dentro de la Zona Militar I, en los partidos bonaerenses de San Nicolás, Ramallo, San Pedro y Pergamino.

El tribunal impuso la pena de prisión perpetua para el ex oficial jefe de Logística y Personal del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás -cabeza del Área 132- , Guillermo Anibal Piccione; el entonces mayor Omar Andrada y el ex oficial jefe de Operaciones e Inteligencia del Área Militar, Antonio Federico Bossie.

Los tres ex militares fueron responsabilizados por privaciones ilegítimas de la libertad, aplicación de tormentos agravados, homicidios calificados, entre otros delitos, según cada caso. Seis de los hechos juzgados y acreditados ocurrieron antes del golpe de Estado. Piccione además fue condenado como autor mediato del delito de violación de la que resultó víctima una de las militantes privada de su libertad y torturada en los CCD del Área 132.

Por otro lado, el ex oficial inspector de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Oscar Alberto Rodríguez, recibió una pena de tres años de prisión inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la condena como pariticipe necesariaro del delito de privación ilegitima de la libertad en un hecho, en concurso ideal con el delito de falsedad ideologica.

El ex capitán del Ejército Bernardo Luis Landa resultó absuelto "por el beneficio de la duda" de la acusación como autor de cuatro privaciones ilegítimas de la libertad, cuatro tormentos agravados y un homicidio triplemente calificado.

En tramos anteriores de la investigación fueron condenados otros integrantes de las fuerzas militares que respondían a las órdenes del ex jefe del área militar 132, Manuel Fernando Saint Amant, quien recibió prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. El represor falleció en 2016.

Durante la exposición del alegato el 5 de octubre pasado, el Ministerio Público Fiscal precisó que los perseguidos políticos fueron secuestrados en sus domicilios en las ciudades de San Nicolás, Ramallo, Pergamino, San Pedro, Baradero, Campana y Villa Constitución, y que luego fueron trasladados a centros clandestinos de detención que funcionaban bajo la orbita del Área Militar 132, en la ciudad de San Nicolás. Allí fueron sometidos a tormentos. Los centros clandestinos de detención por los cuales pasaron las víctimas fueron la Brigada de Investigaciones, la Comisaría Primera, la Delegación local de la Policía Federal, la Unidad Penal N° 3 y el Batallón de Ingenieros de Combate 101.

Con información de fiscales.gob.ar

Bottom Ad [Post Page]

| Diseñado por Colorlib