El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto de ordenanza presentado por el Frente de Todos en 2018 que garantiza a quienes contraten mujeres víctimas de violencia de género tendrán descuentos de entre el 5 y el 0,3 por ciento en la tasa de Seguridad e Higiene.
La violencia contra la mujer se ejerce de múltiples maneras. La física, la psicológica y la sexual parecen ser las más comunes, pero está también entre las más habituales, al menos en Argentina, la económica o patrimonial que pasa por la brecha salarial hasta el no pago de la cuota de alimentos. Quien tiene el dinero, ejerce el poder. Y esto no distingue clase social alguna.
Los casos más extremos aparecen entre mujeres que no sólo sufren violencia física sino que dependen exclusivamente de su pareja. La imposibilidad de abandonar la casa por la falta de sustento sumado a la complejidad de conseguir un trabajo estable y digno que le permita lograr independencia económica; o el temor a perder a sus hijos por no contar con recursos para cubrir las necesidades básicas, terminan obligando a las mujeres a permanecer bajo el mismo techo que su agresor.
Pero también están las mujeres que lograr salir de ese espacio físico donde son violentadas y sufren otro tipo de violencia económica: el no pago de las obligaciones alimentarias y el ocultamiento de bienes para después no rendirlos en los casos de divorcio, son algunos de los ejemplos en los que se ejerce este tipo de violencia. Las mujeres terminan quedando solas o con cuotas alimentarias muy bajas, sobre todo en un país donde poco menos de la mitad de la población trabaja de forma no registrada.
Argumentando que el abuso de poder que se construye a partir del control de los recursos económicos refuerza la dependencia, la desigualdad y determina que, en la mayoría de los casos, las mujeres encuentren en ésta situación un obstáculo importante para poder salir de este escenario violento; y que el Estado local tiene la obligación de ir generando herramientas que permitan erradicar este problema de la sociedad, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto presentado por el bloque Frente de Todos en 2018 (Unidad Ciudadana en ese momento), que crea un programa a partir del cual se generan beneficios impositivos para empleadores/as de mujeres víctimas de violencia de género.
A partir de la promulgación de la ordenanza, se creará un registro de mujeres que tengan un proceso judicial en marcha; y otro de empresas y comercios que adhieran al programa. Comercios o empresas quienes cuenten en su plantel con hasta 5 empleados, tendrán un 5% de descuento en la tasa de Seguridad e Higien por cada empleada con una máximo de 20%; comercios o empresas de 6 a 50 empleados, un 5% por cada empleada hasta un máximo de 15%; con planteles de entre 51 y 200 empleados, un 1 por ciento con un tope de 10%; y con más de 200 empleados un 0.3% de descuento por cada empleada nueva víctima de violencia de género, con un 10% de descuento como máximo.
La ordenanza también obliga al Municipio a incorporar al plantel municipal un 1% de mujeres víctimas de violencia de género inscriptas en el registro. Además, el Ejecutivo deberá crear programas de capacitación y formación profesional (oficios) para que mujeres víctimas de violencia de género puedan tener más y mejores herramientas para una mejor salida laboral, ya sea en el sector público, privado o como cuentapropista.
