Así se definió Juan Carlos Marchetti, abogado del párroco Tulio Mattiussi en la causa por los abusos en el Jardín Belén. "Un simple abogado", que fue juez de menores durante la dictadura y que enfrenta una causa impulsada por el entonces Fiscal Juan Patricio Murray por la supresión de identidad de un nieto recuperado. Defiende al poder político de San Nicolás y es abogado, entre otras empresas, del Grupo Techint en una causa contra el Municipio de Ramallo
Tulio Mattiussi y su abogado, Juan Carlos Marchetti, durante el juicio por los abusos en el Jardín Belén
“Es una militante y las militantes no piensan”. Juan Carlos Marchetti, abogado. Lunes 16 de mayo de 2022, Tribunales de San Nicolás.
“Es una militante y las militantes no piensan”. La frase resonó en la sala de audiencias durante la lectura de los alegatos en el marco del juicio por los abusos en el Jardín Belén. La pronunció uno de los abogados contratados por el Obispado de San Nicolás para intentar evitar que el párroco Tulio Mattiussi sea condenado. No lo logró, al menos no en esta primera instancia.
“Es una militante y las militantes no piensan”, fue una acusación directa contra una psicóloga, perito de parte, referente de Acase San Nicolás e integrante de la multisectorial de mujeres de esa que acompañó durante todo el proceso a las víctimas y sus familias; y que se definió precisamente como militante.
“Es una militante y las militantes no piensan”, no fue una frase aislada, sino una expresión propia de un exjuez (durante la dictadura) que aún espera que la Corte Suprema de Justicia cierre (o no) definitivamente una causa en su contra impulsada por la Fiscalía Federal de San Nicolás, que tiene como querellante a Abuelas de Plaza de Mayo y a la que tuvo acceso San Pedro Hoy. ¿Investigado por qué? ¿De qué lo acusan? La historia de Juan Carlos Marchetti, el “simple abogado” de Tulio Mattiussi.
La madrugada del 19 de noviembre de 1976 fuerzas conjuntas del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, de la Policía Federal Argentina Delegación San Nicolás; y personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de Santa Fe irrumpieron en una vivienda de la calle Juan B. Justo 676, en San Nicolás. Masacraron a todos los ocupantes de la casa. Las víctimas fueron María del Carmen Fettolini y su pareja Omar Darío Amestoy. También sus hijos Fernando Amestoy y María Eugenia Amestoy de apenas 3 y 5 años que murieron asfixiados por el efecto de los gases lacrimógenos; y una mujer, que transitoriamente se encontraba en la casa y que en ese momento fue identificada como María Cristina Loza. Pero en la masacre de la calle Juan B. Justo hubo un sobreviviente.
Por entonces, y hasta 1979, Juan Carlos Marchetti era el Juez de Menores de San Nicolás. Fue notificado del ingreso de un bebé de cinco meses de vida al Hospital San Felipe, en grave estado, por la inhalación de gas lacrimógeno. El niño fue identificado como Manuel Valdez. Su mamá, antes de ser asesinada por policías y militares, logró resguardarlo en un placar y cubrirlo con almohadas, lo que le salvó la vida. Manuel pasó alrededor de tres meses internado con custodia policial y bajo la guarda del Juzgado de Menores de San Nicolás. Es decir, de Marchetti.
Para el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal Javier Augusto De Luca no hay dudas que ante la falta de presentación y hallazgo de los familiares del niño, sin siquiera haber logrado su identificación, lo entregó en guarda provisoria en febrero de 1977. La pareja a la que Marchetti entregó al niño era íntima amiga del marido de su prima (la ley en ese momento no permitía la entrega a personas cercanas a los familiares de funcionarios judiciales). Tramitaron su adopción en 1981 ante los Tribunales de Lomas de Zamora. Lo llamaron Claudio Luis Novoa.
Dos décadas después el Equipo de Antropología Forense de la Argentina confirmaría que Claudio -que no era ni Novoa ni Valdez-, era en realidad Manuel Gonçalves Granada. Ese año, en 1997, Manuel se convertía en el 57° nieto recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo.
Gastón (Padre), Manuel y Ana María (Madre). Fotos: www.educacionymemoria.com.ar
Define la Corte
Desde 2004 la Justicia intenta que Marchetti preste declaración indagatoria. Se investiga su responsabilidad y la de otros funcionarios en la supresión de identidad, sustracción y ocultamiento de Manuel Gonçalves Granada.
El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo denegó el primero de los pedidos realizado por el entonces Fiscal Federal Juan Patricio Murray y dictó su sobreseimiento. La Fiscalía y la querella recurrieron entonces a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario que revocó la medida. La defensa de Marchetti (ver más abajo) presentó un recurso de queja en la Cámara Federal de Casación Penal que fue declarado inadmisible. Aún así, el juez volvió rechazar el pedido de indagatoria y lo sobreseyó. Esa resolución fue apelada nuevamente por la fiscalía y los querellantes y nuevamente la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario la revocó. Pero la defensa de Marchetti, otra vez y para evitar su indagatoria, interpuso un recurso de casación y la Sala I –con voto dividido ya que el Juez Hornos votó en contra, mientras que Eduardo Riggi y Mariano Borinsky lo hicieron a favor de Marchetti-, hizo lugar a la queja y revocó la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Pese al pedido del Fiscal, el Juez Carlos Villafuerte Ruzo no fue apartado de la causa.
El periplo judicial llegó entonces hasta la Corte Suprema de Justicia que es la que resolverá la situación de Marchetti y el resto de los imputados (entre ellos el Juez de Lomas de Zamora que firmó la adopción de Manuel). En su dictamen ante la Corte (al que tuvo acceso San Pedro Hoy), el Procurador General de la Nación (Interino), Eduardo Ezequiel Casal, respaldó a De Luca marcando contradicciones en el sobreseimiento de Marchetti, cuestionando que la defensa afirmara que se trataba de hechos que ocurrieron hace cuarenta años ya que los delitos de retención y ocultamiento de un menor de diez años (Manuel tenía 5 meses) son de carácter permanente hasta que culmina la situación antijurídica; y ratificando que el ocultamiento de un menor de 10 años que durante la ejecución de un plan sistemático de represión como lo fue la última dictadura cívico-militar constituyen delitos de esa naturaleza. La Corte Suprema sentó jurisprudencia al respecto que da la razón al Procurador.
Para los dos camaristas que rechazaron la indagatoria de Marchetti, el por entonces Juez hizo todo bien. Notificó al asesor de menores y pidió a la Policía Federal (sí, a la misma policía que masacró a su madre) que le informe la identidad del bebé. Claro está que Manuel tenía un documento falso (ver más abajo); también lo tenía su madre. El Juez dispuso evaluaciones médicas y pidió su acta de nacimiento (la cual nunca recibió). Marchetti, según los camaristas y aunque parezca insólito, no tenía por qué sospechar (en plena dictadura) que los datos aportados por Policía Federal fueran falsos. Marchetti se entrevistó tiempo después con la familia adoptiva, ordenó estudios socioambientales y lo entregó en guarda.
Riggi y Borinsky entienden, en su resolución del año 2017, que no puede imputarse a Marchetti la supresión de la identidad de Manuel porque ya había sido despojado de su nombre por su propia madre (que cambió sus identidades temiendo que los mataran), ni tampoco acusarlo de ocultamiento ya que todo lo actuado quedó plasmado en distintas actas. Sin embargo, al no haber certificado de nacimiento en el Registro Provincial de las Personas, quienes lo acusan entienden que, al menos, no agotó todas las instancias para identificarlo. Tampoco publicó los correspondientes edictos, como era habitual en estos casos; ni intentó, de acuerdo a lo que se desprende del expediente, comunicarse con familiares del resto de las víctimas para trata de determinar quién era el bebé que sobrevivió a la masacre de la calle Juan B. Justo de San Nicolás; y quién era su madre.
La intervención de Abuelas
Abuelas de Plaza de Mayo no supo de Manuel sino hasta principios de la década del 80’. Del expediente surge que Marchetti sabía de la existencia de un grupo de mujeres que buscaba a sus nietos desaparecidos producto de la represión de Estado en junio de 1978. Sin embargo, no informó que un año antes dio en adopción a un niño que sobrevivió a uno de esos operativos. Para el Procurador Casal queda claro, de acuerdo a las constancias asentadas por la organización que lidera Estela de Carlotto, que el primer contacto de Abuelas con el juzgado fue en junio de 1978 y no en febrero de 1980 (cuando Marchetti ya no era juez) como planteó el juez de instrucción en el sobreseimiento del hoy abogado de Mattiussi.
Que Marchetti sea indagado, o definitivamente desvinculado de la causa por la apropiación de Manuel, depende de la Corte Suprema. La resolución está pendiente desde hace más de 4 años.
Identidad suprimida
Manuel creció sabiendo que era adoptado. Creyó durante 19 años que fue abandonado por sus padres, que no lo querían, y se preguntaba por qué ningún abuelo, tío, a familiar lo buscaba. Hasta que en 1995 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) llegó hasta su casa y le contó que su familia biológica lo estaba buscando. En 1997 cuando recuperó su identidad decidió dejar de ser Claudio para volver a llamarse Manuel. Manuel Gonçalves Granada.
Gastón Roberto José Gonçalves, su padre, fue detenido ilegalmente el mismo 24 de marzo de 1976 en Zárate. Permaneció detenido en la Brigada de San Martín y en la Comisaría de Escobar, donde fue torturado y asesinado. El 2 de abril de ese mismo año sus restos fueron hallados sobre la Ruta N°4 y sepultados como NN en el Cementerio de Escobar. Por ese caso fue condenado Luis Abelardo Patti.
Tras la desaparición de Gastón, Ana María del Carmen Granada, madre de Manuel, huyó de Escobar y se alojó en la casa de la familia Amestoy, en San Nicolás, donde adoptó la falsa identidad de María Cristina Loza. Ana María estaba embarazada y meses más tarde, cuando Manuel nació, le puso el apellido Valdez. Trataba de evitar que los identifiquen y los maten. Gastón y Ana María militaban en la Juventud Peronista primero, y luego en la columna norte de la organización Montoneros.
En 1995 el EAAF logró identificar a través del entrecruzamiento de huellas dactiloscópicas los restos de Ana María que se encontraban en el osario público del Cementerio de San Nicolás. Ese mismo año el EAAF localizó a Manuel. En 1997 el joven se realizó los análisis inmunogenéticos que confirmaron su verdadera identidad.
Que los jueces no pudieran proveer tutelas a amigos íntimos suyos o de sus parientes hasta dentro “del cuarto grado” (de lo que también acusan a Marchetti), como lo marcaba la ley, fue uno de los argumentos centrales del tribunal de Lomas de Zamora para anular la adopción realizada por el matrimonio Novoa, resuelta por el entonces titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°1 de Lomas de Zamora, Delfín Castro, quien aparece como coimputado en la causa por las actuaciones durante el proceso de adopción de Manuel.
Gracias a que recuperó su identidad, Manuel supo que era nieto de Matilde Pérez, una de las primeras mujeres en recorrer en ronda la Plaza de Mayo todos los jueves pidiendo por sus hijos y nietos; descubrió también que tenía un hermano y que ese hermano era Gastón Gonçalves, histórico bajista de Los Pericos.
El juicio por la masacre de la calle Juan B. Justo finalizó en 2012 con las condenas a prisión perpetua contra Manuel Fernando Saint Amant, Federico Bossie y Jorge Muñoz, por los crímenes de lesa humanidad cometidos. Justamente Saint Amat fue quien dio la indicación de llevar a Manuel al hospital de San Nicolás aquel 19 de noviembre de 1976, por lo que tomó intervención al Juzgado de Menores y recayó en Marchetti, que dio en adopción al bebé en guarda a una pareja conocida: Luis Avelino Novoa y Elena Yolanda Rodríguez.
“Un simple abogado”
Así se definió Marchetti el pasado viernes 27 de mayo en La Radio 92.3 cuando esgrimió múltiples argumentos por los que cree que el párroco Tulio Mattiussi, condenado a 15 años de cárcel por los abusos sexuales ocurridos en el Jardín Belén y la Parroquia San Roque en 2017, fue juzgado por un Tribunal “parcial”. Incluso, y paradójicamente, remarcó que interpuso un recurso de queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
El exjuez intentó demostrar que la familia Vitale es poderosa, que usó su influencia para lograr la condena de Mattiussi y Anselmo Ojeda y así “encubrir” al verdadero responsable de los abusos. Pero si de poder, o vínculos con el poder hablamos, Marchetti no es, como él mismo se define, “un simple abogado” que se dedicó a la actividad privada tras dejar su cargo como Juez de Menores a finales de la década del 70’.
Juan Carlos Marchetti, abogado de Tulio Mattiussi
Marchetti tiene cercanía con el poder político en San Nicolás. Defiende a los Passaglia en una causa por enriquecimiento ilícito y es una obviedad su vínculo con otro de los poderes no estatales fuertes de la Argentina: la Iglesia Católica. Fue el propio Obispado de San Nicolás el que lo contrató para defender a Tulio Mattiussi.
Pero además de los vínculos políticos, Marchetti también se codea con el “poder económico”. El abogado representa a la firma Atanor en una causa que afronta por contaminación en San Nicolás; y, entre otras empresas, Marchetti trabaja para Ternium-Siderar, es decir, del Grupo Techint. Es por ende empleado de uno de los empresarios más poderosos del país: Paolo Rocca. El multimillonario empresario objeta ante la justicia que la ex Somisa paga mucho en concepto de tasa de Seguridad e Higiene al Municipio de Ramallo por la exSomisa. Según lo expuesto por el periodista Fernando Latrile en El Cohete a la Luna, lo que le cobra la Municipalidad a Siderar no llega al 1% de su ganancia dentro de Ramallo, mientras para el municipio equivale a un 25% de su presupuesto.
"Eso no tiene nada que ver", afirmó Marchetti también en La Radio 92.3 cuando se le planteó un equilibrio ante presunta "influencia" sobre la justicia, por su cercanía con el poder. Es que para Marchetti la familia Vitale -familia de dos de las víctimas de los abusos-, tienen contactos influyentes para lograr torcer la voluntad de un Tribunal, pero él no.
El abogado del abogado
El simple abogado que espera que la Corte resuelva su situación en la causa por la supresión de identidad de Manuel Gonçalves Granada, tiene a otro simple abogado representándolo en esa causa: José Luis Vázquez.
Vázquez fue fiscal durante la dictadura. Ya fue indagado por el Juez Federal Marcelo Bailaque en el marco de una causa impulsada por HIJOS Rosario en la que está acusado por delitos cometidos contra seis víctimas que sufrieron privación ilegítima de la libertad y tormentos. Si bien Bailaque aún debe definir su situación, Vázquez fue acusado por HIJOS por “garantizar la impunidad de las fuerzas represivas”, al omitir tomar medidas tras la rectificación en sus declaraciones de personas detenidas ilegalmente a finales de la década del 70’. Uno de ellos (detalló la periodista Sonia Tessa en Página12) firmó su “declaración” sin leerla, con los ojos vendados y tras cinco días de tortura. En el año 1979, durante la ampliación de su indagatoria, el detenido intentó rectificar esa “declaración”, es decir, decirle la verdad al entonces Fiscal Vázquez por primera vez sin estar bajo amenaza, pero Vázquez consideró sus dichos como tardíos, infundados e inverosímiles. Más de cuatro décadas después, se enfrenta a un proceso judicial que busca establecer si omitió intencionalmente, o no, investigar las detenciones ilegales en las causas que él mismo impulsaba contra detenidos durante el terrorismo de Estado.
Esperas
Claro está que mientras una persona no sea declarada culpable por sentencia firme, todos los habitantes de este suelo gozamos de un "estado de inocencia", aun cuando se registre algún proceso en trámite y cualquiera sea su progreso.
Tulio Mattiussi espera, en prisión domiciliaria, que el Tribunal de Casación Penal de la Provincia falle a su favor y así buscar la nulidad del juicio en su contra. La Fiscalía y la querella confían en que lo actuado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Nicolás será ratificado. El cura due condenado a 15 años de cárcel al igual que el portero del Jardín Belén Anselmo Ojeda por los abusos ocurridos en esa institución y en la Parroquia San Roque en 2017. Para el TOC 2 de San Nicolás los hechos están probados y también está probada la participación de Mattiussi y Ojeda. Sin embargo, esa condena debe quedar firme.
En paralelo el abogado de Mattiussi también espera. Espera desde hace más de 4 años que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene en sus manos el dictamen del Procurador Casal desde febrero de 2018, resuelva si debe o no debe ser indagado por la Fiscalía Federal de San Nicolás en la causa por la supresión de identidad de Manuel Gonçalves Granada.
Manuel -y Abuelas-, también esperan. Con los represores asesinos ya condenados, esperan ahora que los responsables de robarle su identidad den explicaciones ante la justicia.
