Con la aprobación de la nueva ley de interrupción legal del embarazo se deberá saldar una deuda que la salud pública de San Pedro mantiene desde que se reglamentó la ILE: los protocolos no se inician, cuando es necesario, en el Hospital y muchas personas gestantes son derivadas a Pergamino. Sin embargo, no hay impedimento para que los abortos contemplados por ley se realicen en San Pedro. Sólo falta decisión política
El 22 de noviembre de 2019 el por entonces Secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, presentaba su renuncia al cargo en forma indeclinable tras la derogación del protocolo ILE -interrupción legal del embarazo- firmada ese mismo día por el expresidente Mauricio Macri. "Es una guía de actuación destinada a los médicos y los equipos de salud para darle certezas protección" en la realización de los procedimientos, argumentaba el extitular de Salud. Apenas 21 días después, Ginés González García, actual Ministro de Salud de la Nación, puso en vigencia la actualización de los protocolos. El 10 de enero de 2020, el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, firmaba la adhesión y desde entonces la ILE rige en todo el territorio bonaerense.
A partir de la medida adoptada por el Ministerio de Salud provincial, la Secretaría de Salud de San Pedro conformó un equipo ILE que trabaja desde febrero en la aplicación del protocolo. Lo integran una ginecobstetra, una trabajadora social, una psicóloga y una médica clínica, que no sólo enfrentan las dificultades propias de no contar con un sistema de salud amoldado a los tiempos que corren, sino que trabajan enfrentando presiones de sectores que se oponen a que el aborto sea legal. Y probablemente lo sigan haciendo.
La ley de interrupción voluntaria del embarazo -IVE- contempla la objeción de conciencia para profesionales que se nieguen a practicar un aborto legal. No es un dato menor que la Jefa del Servicio de Tocoginecología del Hospital haya formalizado su negativa. Y no fue la única profesional del sector que hizo uso del recurso, ahora también contemplado por la nueva ley.
Sólo la aplicación de protocolos ILE en San Pedro, durante 2020, cortó un circuito de dinero cercano a los $3 millones
A partir de allí, y ante el riesgo de una catarata de presentaciones de profesionales que decidan ser objetores de conciencia, la Salud pública de San Pedro deberá plantearse una posible reestructuración del sistema que permita garantizar el acceso a un aborto legal, seguro y gratuito.
El protocolo de ILE se aplica desde febrero de este año en casos de abuso sexual, de riesgo físico para la persona gestante o en caso de riesgo para su salud integral, concepto que el martes se puso en discusión en el Senado. La falta de legislación en esta materia llevó a que no haya –hasta la sanción de la ley- períodos concretos para interrumpir un embarazo y se hayan realizado abortos por encima incluso de la semana 14. También provocó que en medio de la pandemia exista una lista de espera en Pergamino para recibir pacientes. Situaciones que terminan llevando al colapso a personas que llegan al sistema de salud con la pesada carga emocional que significa optar por realizarse un aborto.
La aplicación del protocolo requiere que la mujer se comunique con la línea de salud sexual del Ministerio de Salud. Se transmite el caso al Equipo ILE de San Pedro y a partir de allí toman intervención. Se dispone una fecha y un lugar para comenzar con una serie de entrevistas con profesionales y se ordena una serie de estudios para analizar la salud de la persona gestante, hasta que se define el tratamiento. Mayormente realizado con misoprostol 200 miligramos. Esto puede llegar a demorar hasta dos semanas, lo que complejiza y lleva al límite las intervenciones. Este tratamiento puede iniciarse de manera domiciliaria pero, en muchos casos, requiere de internación para su seguimiento. Y si el aborto fuera incompleto la mujer debe ser sometida a una intervención que es mínimamente invasiva.
la imposibilidad de iniciar procedimientos en el Hospital no es responsabilidad de profesionales objetores de conciencia
El principal punto de conflicto que se presenta a la hora de garantizar la aplicación de protocolos ILE –ahora IVE- es con el servicio de tocoginecología del Hospital. No siempre él o la obstetra de guardia -por objeción de conciencia- está dispuesto o dispuesta a actuar. Eso motiva a que los procedimientos no se inicien en el Hospital y que, en caso de presentarse una persona con un embarazo avanzado para interrumpirlo, sea derivada directamente a Pergamino ante la posibilidad de una intervención, con escasa mediación del sistema de salud de San Pedro. Desde febrero hasta hoy no han enfrentado urgencias por complicaciones en medio de la implementación de un protocolo ILE en la ciudad, casos en los que sí actuaría el servicio; o de ser necesario, personal de la Guardia de Emergencias.
El Equipo ILE de la Secretaría de Salud no sólo se ocupa de la aplicación del protocolo y su seguimiento, sino también del tratamiento anticonceptivo posterior para una mujer que se sometió a un aborto. En casos complejos ese tratamiento, con seguimiento, es complementado con acompañamiento psicológico. Siempre supeditado a que la paciente no se niegue a recibir asistencia profesional.
El desafío a partir de la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, para la Secretaría de Salud, será ahora la de garantizar el acceso a un aborto legal antes de las 14 semanas -inclusive- de gestación, en el Hospital de San Pedro. Algo que en la actualidad no sucede. No se requiere más que la decisión política de reestructurar los servicios que garanticen el cumplimiento de protocolos y el posterior acceso a un aborto legal, seguro y gratuito a una persona gestante.
Claro está que la imposibilidad de iniciar procedimientos en el Hospital y la obligatoriedad de derivar a personas gestantes a Pergamino cuando se sabe de antemano que podrían existir complicaciones debido a la avanzada etapa gestacional, no es responsabilidad de profesionales objetores de conciencia. Garantizar la presencia de recursos humanos para la intervención posterior ante la falta de efectividad en el tratamiento con Misoprostol, o en los casos que requieren seguimiento intrahospitalario, es obligación tanto de la Dirección del Hospital como de la Secretaría de Salud.
Poco más de dos años atrás, en 2018 y durante el debate por la legalización del aborto, el Intendente Salazar declaró públicamente a San Pedro “ciudad Pro Vida”. Nada más lejos de la realidad de una ciudad también dividida por la discusión que legislativamente terminó el martes pasado con la sanción de la ley IVE. Ahora la obligación que afronta el Jefe Comunal y buena parte de su Gabinete, integrado mayormente por hombres, será separar sus creencias personales del lugar que ocupan en la función pública. No es aborto sí, o aborto no: es aborto -ahora sí- legal, seguro y gratuito. Sólo la aplicación de protocolos ILE en San Pedro, durante 2020, cortó un circuito de dinero cercano a los $3 millones.
Y un Estado cuya administración no reconociera ese derecho consagrado por ley, e indirectamente avalara la persecución y el hostigamiento a personas gestantes que deciden interrumpir el embarazo, será también responsable de la continuidad del millonario y trágico negocio de la clandestinidad.
