La abogada y concejal de La Libertad Avanza Baradero, Romina Fernández, presentó actuaciones ante organismos municipales y de Defensa del Consumidor para impedir que se exijan pagos por derechos de autor en fiestas privadas de egresados. Advirtió que, ante eventuales incumplimientos de la normativa vigente, recurrirá a la Justicia
La abogada y concejal de La Libertad Avanza Baradero, Romina Fernández, presentó dos denuncias vinculadas con las exigencias de cobro formuladas por SADAIC y AADI-CAPIF, en representación de estudiantes de establecimientos educativos de nivel secundario de Baradero y San Pedro, próximos a celebrar sus tradicionales fiestas de egresados.
Las presentaciones fueron realizadas ante la Secretaría de Seguridad Municipal de Baradero y el área de Defensa del Consumidor, con el objetivo de cuestionar la exigencia de aranceles por derechos de autor e intérpretes en eventos que se desarrollen en ámbitos privados y con acceso restringido al público general.
La letrada manifestó que impugnó cualquier requerimiento de pago que no encuentre sustento en la legislación vigente y que pretenda condicionar la realización de estos acontecimientos. “No van a sacarle más plata a las escuelas de San Pedro y Baradero”, sostuvo.
El planteo jurídico se fundamenta principalmente en el Decreto Nacional 765/2024, que modificó el artículo 33 del Decreto Reglamentario 41.223/1934 de la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual. La normativa establece expresamente que no existe representación o ejecución pública cuando la utilización de obras musicales se desarrolla en un ámbito privado, ya sea de ocupación permanente o temporal. En consecuencia, las fiestas de egresados que reúnan esas características, con concurrencia restringida a estudiantes, familiares e invitados, quedan comprendidas en la exclusión prevista por la normativa nacional.
Fernández también invocó las garantías establecidas en el artículo 42 de la Constitución Nacional, la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, el artículo 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la Ley Provincial 13.133, que protegen los intereses económicos de los consumidores y usuarios y garantizan el derecho a recibir información adecuada y veraz.
Asimismo, cuestionó que se pretenda supeditar la autorización municipal de los eventos a la presentación de comprobantes de pago de entidades privadas de gestión colectiva, cuando tales exigencias no constituyan un requisito legalmente establecido para otorgar las habilitaciones correspondientes. “Los municipios deben controlar las condiciones de seguridad, salubridad y cumplimiento de las normas locales, pero no pueden convertir una exigencia de una entidad privada en un requisito administrativo sin el correspondiente respaldo legal”, sostuvo.
Finalmente, Fernández reclamó que las autorizaciones municipales se tramiten conforme a los requisitos legales vigentes, sin imponer exigencias económicas ajenas a las competencias municipales. “Vamos a defender a las familias, a los estudiantes y a las instituciones educativas frente a cualquier cobro que no corresponda. Los derechos de autor deben respetarse, pero también debe cumplirse la ley. Si existen exigencias contrarias a la normativa vigente, acudiremos a todas las instancias administrativas y judiciales necesarias”, concluyó.
Si llegaste hasta acá y te interesó el artículo podés ayudarnos a seguir creciendo, permitirnos abrir las puertas a nuevas miradas y voces que analicen la realidad de la ciudad; y trabajar sin condicionamientos. Suscribite
