Avanza en la Cámara de Diputados de la Provincia un proyecto de "alquiler social", en la Provincia de Buenos Aires. El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos bonaerense presentó una iniciativa para que determinados inquilinos no paguen honorarios profesionales, informes registrales, certificaciones ni cargos por conexión o cambio de titularidad de servicios. También proponen beneficios fiscales para propietarios.
Un proyecto de ley para aliviar el costo de firmar un contrato de locación en los segmentos de menor poder adquisitivo fue presentado en la Legislatura bonaerense por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, bautizada "Régimen de Alquiler Social", fue entregada al Diputado Rubén Eslaiman para su estudio, destacando que el régimen alcanzaría a inmuebles cuyo alquiler mensual inicial no supere el sueldo básico de la Categoría 20, para 48 horas semanales, de la Administración Pública Provincial, según la Ley 10.430.
El objetivo, según el presidente de la entidad profesionales, Luis Colao, es reducir las erogaciones que hoy traban el acceso formal a una vivienda. Para esos contratos, los honorarios por intermediación inmobiliaria y por la redacción del convenio quedarían a cargo exclusivo del locador, de acuerdo con las escalas arancelarias vigentes.
También se prevé la gratuidad de los informes del Registro de la Propiedad Inmueble y la revisión de los topes de valuación fiscal para la exención del Impuesto de Sellos, simplificando, además, los trámites ante las prestadoras de servicios públicos.
Según explicaron, bastaría el contrato con firmas certificadas ante el Juzgado de Paz o con intervención, firma y sello de un profesional matriculado. Esos trámites serían gratuitos para el inquilino, mientras que las empresas no podrían cobrar conexión, reconexión, depósito de garantía ni cambio de titularidad en las locaciones alcanzadas.
Para ampliar la oferta, el proyecto crea un esquema de simplificación e incentivo fiscal para los propietarios que destinen inmuebles a este régimen, con exenciones de impuestos provinciales. También invita a los municipios a reducir tasas y derechos locales.
Por otra parte, Colao enfatizó que las políticas de vivienda deben incorporar la segmentación, para asistir de manera selectiva y con un criterio más justo a la realidad social bonaerense. La entidad aclaró que ni los dueños ni los profesionales matriculados deben suplir el déficit habitacional -una responsabilidad del Estado-, pero sostuvo que la articulación entre el sector público, los propietarios y los martilleros puede facilitar el ingreso formal al mercado de alquileres de los sectores de menores recursos.
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