El coordinador del área en San Pedro aseguró que la situación “cada día viene peor” y alertó por las dificultades para sostener beneficios y tratamientos.
El coordinador de Discapacidad de la Municipalidad de San Pedro, Juan Carlos Mariño, manifestó su preocupación por la decisión del Gobierno Nacional de dejar de subsidiar el transporte para personas con discapacidad y aseguró que la situación social “cada día viene peor”.
“Esto es una sucesión de hechos en tratar de sacar beneficios que tenían las personas con discapacidad. No solamente ellos, también las personas trasplantadas y con enfermedades oncológicas”, expresó en diálogo con Media Mañana con Betty por La Radio 92.3.
Mariño explicó que actualmente existe una importante deuda del Estado Nacional con las empresas de transporte y advirtió que las prestatarias no podrán absorber el costo de los pasajes gratuitos. “Las empresas no van a poder bancar el boleto por discapacidad”, afirmó tras mantener contactos con autoridades provinciales.
El funcionario señaló que ya existen problemas concretos para acceder a pasajes de media y larga distancia a través del sistema Mi Argentina. “La gente pide pasajes y siempre aparece ‘cupo completo’, pero hoy no hay controles como antes”, sostuvo.
También remarcó el impacto que la situación genera en personas de las localidades que deben trasladarse a San Pedro para atenderse médicamente. “Tenemos mucha gente de Santa Lucía, Río Tala o Gobernador Castro que viene a atenderse y esto los perjudica muchísimo”, indicó.
En ese contexto, destacó que desde el área impulsan un esquema de descentralización para acercar trámites y atención a las localidades y evitar mayores gastos a las familias.
Mariño también cuestionó el endurecimiento de los requisitos para renovar certificados únicos de discapacidad y pensiones no contributivas. “Ahora hay que presentar todo de nuevo, como si fuera la primera vez, y eso saturó completamente el sistema”, explicó.
Según detalló, actualmente ya se están otorgando turnos para agosto y muchas familias enfrentan demoras para acceder a especialistas o estudios médicos necesarios para renovar la documentación.
Además, advirtió sobre las dificultades económicas que atraviesan personas con discapacidad y jubilados para sostener tratamientos y medicamentos. “La gente no toma los remedios porque no los puede pagar. Es una realidad que vemos todos los días”, afirmó.
Finalmente, Mariño lamentó el impacto social de las medidas y sostuvo que el malestar suele descargarse sobre las áreas locales que atienden directamente a la comunidad. “Los garrotazos los recibimos los que estamos todo el día con la gente”, concluyó.
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