La Justicia Federal secuestró 7,5 toneladas de cobre e investigará si su procedencia coincide con delitos denunciados por la empresa de comunicaciones. Los procedimientos se realizaron en una chatarrería, en un depósito y en una vivienda particular de Santa Lucía. Además, fueron secuestrados vehículos presuntamente involucrados en la maniobra de compraventa de cobre y teléfonos celulares de las personas investigadas
El cobre secuestrado en Santa Lucía. Foto: Policía Federal
Policía Federal secuestró alrededor de 7,5 toneladas de cobre en tres allanamientos realizados en San Pedro por orden del Juez Carlos Villafuerte Ruzo, a requerimiento de la Fiscalía Federal de San Nicolás que conduce Matías Di Lello. Investigan maniobras relacionadas con la compraventa de cobre procedente de hechos delictivos. En los operativos secuestraron además vehículos, dinero en efectivo y teléfonos celulares de las personas involucradas.
Los allanamientos fueron llevados adelante por la División Unidad Operativa Federal de San Nicolás de la Policía Federal Argentina y se concretaron en un galpón ubicado a la vera de la Ruta 188 en San Nicolás; una chatarrería de San Pedro ubicada en Independencia al 3100 y en una vivienda particular de la localidad Santa Lucía, donde se secuestró la mayor cantidad de cobre. El material estaba distribuido en distintas bolsas de arpillera.
La investigación encabezada por el fiscal Di Lello -con la intervención del secretario Wenceslao Hernando Insúa- comenzó con una denuncia realizada por la empresa Telecom. De acuerdo a esa presentación, la compañía fue víctima de “innumerables hechos de robo relacionados con los equipos y la infraestructura instalada en la vía pública”. Específicamente, Telecom sostuvo que el 18 de septiembre del año pasado durante la madrugada fueron robados 90 metros de cable en San Pedro. Como consecuencia de ello, alrededor de 50 clientes de la zona estuvieron sin servicio.
De acuerdo a lo informado por las autoridades, se pudo constatar que en San Pedro funcionaba una chatarrería que adquiría cobre sin el forro o vaina que lo recubre, y lo pagaba a 1000 pesos el kilo. Los investigadores lograron establecer que en diferentes días y horarios, entre marzo y mayo de este año, se acercaron distintas personas con bolsas que, por su forma, podrían contener cobre. Además, se pudo establecer que luego de adquirir el cobre, los implicados en la maniobra lo retiraban del comercio y lo trasladaban a sus domicilios para evitar el acopio en ese lugar.
Si bien no se pudo individualizar a los posibles autores de la sustracción de cables, la Fiscalía sostuvo que los allanamientos tanto a la chatarrería, el domicilio de uno de los dueños del local y el depósito del comprador mayorista del metal eran necesarios para avanzar con la causa y desentrañar la maniobra delictiva. Si bien los acusados compraban el cobre a 1000 pesos el kilo, el metal puede venderse hasta en 11 mil pesos por esa misma cantidad.
