Lo afirmó Pablo Cordara, abogado del sindicato de la Sanidad. "Yo deduzco, como apreciación personal, que se puso a una persona insolvente para que responda a un reclamo laboral", advirtió
Policía Federal allanó la Clínica San Pedro y dos estudios contables. Imagen Ilustrativa
Por orden del Juez de Garantías Román Parodi la Policía Federal allanó el edificio de la Clínica Privada San Pedro y dos estudios contables de la ciudad vinculados a exdirectorio de la clínica, en el marco de una investigación por el presunto vaciamiento de la empresa a casi 9 meses del día en el que se anunció el cierre de la clínica. Los estudios contables a los que llegaron los federales están ubicados en Rivadavia 710 y Mitre 1255. Secuestraron documentación vinculada al pago de sueldos, ingresos brutos e IVA, en el período 2016-2021.
"Esto es un delito atípico y no es fácil de investigar", dijo Pablo Cordara, abogado de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), quien presentó la demanda que dio origen a la causa penal, y sostuvo que "requiere de una complejidad técnica que no es habitual del día a día de la Fiscalía, por eso algunas medidas se demoran, pero el proceso está encaminado".
"El tiempo de los afectados no son los tiempos de la Justicia, aún de la misma Fiscal, pero estamos bien encaminados para, entre comillas, a un buen final", dijo Cordara en La Radio 92.3 y aseguró que gracias a este proceso "los trabajadores podrán ir directamente contra las personas que cometieran perjuicio contra su persona".
"Esta situación se pergeñaba para que los trabajadores se cansen, se consideren despedidos, y no quede otra alternativa que ir por la vía judicial laboral. Cuando una empresa es insolvente, el trabajador queda mirando al norte. Si existe una defraudación, se puede ir contra las personas que integran esa sociedad", destacó Cordara y sostuvo que "lo que permite es secuestrar documentación para demostrar si hubo maniobras fraudulentas o no; lo establecerá un equipo técnico compuesto por contadores y otros peritos".
De no haber realizado la denuncia en el fuero penal, "hoy los trabajadores estarían sometidos al procedimiento en el fuero laboral y se acabaría la instancia", dijo Cordara y cuestionó: "Yo deduzco, como apreciación personal, que se puso a una persona insolvente para que responda a un reclamo laboral".
"Acá se investiga la posible comisión de un delito por parte del Directorio de la Clínica. No tiene esto que ver con la reactivación o no de la Clínica, no es un impedimento ni una potestad de la Justicia exigirle a alguien que la reactive", aclaró el abogado e insistió con que "esto permite que los trabajadores el día de mañana puedan ir no sólo contra la Clínica San Pedro S.A. sino también contra las personas que integran el Directorio. La causa apunta a integrantes del viejo Directorio y autoridades actuales, ya que sospechan que la maniobra fraudulenta involucró a ambos".
"Cualquiera se daba cuenta que esto no tenía un final feliz. Las enfermeras pintaron las paredes de la clínica, hicieron un montón de cosas para reactivar esto, pero era imposible más que nada por la inversión que había que hacer", dijo el letrado y lamentó: "Hoy no sé si la edificación permite reabrir, primero hay que volver a habilitar".
Insistió con que "acá apostaron a que los trabajadores se fractures entre ellos, buscando tener más afinidad con unos, ponerse en contra a otros", y aseguró que "esto era un juego dilatorio, cuando se agotaba el discurso de uno apareciera otro echando culpa a otros".
