Dos fiscales de Rosario, uno de ellos el sampedrino Patricio Serjal, jefe regional del Ministerio Público de Santa Fe, fueron acusados de cobrar coimas por un valor que oscilaba entre los US$4000 y US$10.000 por mes de un capitalista de juego clandestino asociado con "Los Monos" en la administración de los casinos ilegales. Serjal también es investigado por la compra dos autos cero kilómetro a una concesionaria presuntamente favorecida en una causa
En una extensa investigación que llevaron adelante los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, de la Agencia de Criminalidad Organizada, se determinó que los fiscales Patricio Serjal, titular de la Fiscalía Regional de Rosario, y Gustavo Ponce Asahad cobraron coimas desde hace más de un año para favorecer a Leonardo Peiti, un histórico capitalista de juego clandestino que tras varias amenazas se asoció con Ariel Cantero, alias 'Guille', que maneja unas 80 salas de casinos ilegales desde la cárcel de Marcos Paz.
El primer indicio de que había un hecho de corrupción en la fiscalía de Rosario surgió cuando Edery y Schiappa Pietra explicaron en una audiencia imputativa la semana pasada contra el excomisario Alejandro Torrisi, que había un miembro de la fiscalía que había enviado un mensaje a Peiti con el texto: "No tengo la causa yo, pero dejame ver cómo metemos un comentario ahí". El autor del mensaje, según el fiscal general de Santa Fe Jorge Baclini, es Ponce Asahad, que vendía influencias en la fiscalía y en las investigaciones a cambio de dinero.
Esos primeros indicios fueron ratificados hace dos días por Peiti, que se entregó a la Justicia y declaró como arrepentido. El socio de Guille Cantero contó con detalles cómo hacía los pagos de las coimas a los dos fiscales. Esa información fue confirmada con las grabaciones de las cámaras de seguridad de los lugares donde se realizaban los pagos.
Con todas esas pruebas, se ordenó ayer el allanamiento de la residencia del fiscal Ponce Asahad, quien quedó por unas horas demorado. Luego, en una conferencia de prensa, ese fiscal informó que se apartó de su cargo "hasta que la investigación llegue a última instancia", y aseguró que no conoce a ninguna de las personas investigadas en la causa por asociación ilícita, juego clandestino y extorsiones.
Patricio Serjal, el jefe de Ponce Asahad, está de licencia porque había tenido contacto con una persona contagiada de Covid 19, pero está siendo investigado en la Legislatura de Santa Fe por comprar dos automóviles en la concesionaria de una persona que habría sido favorecida en una investigación judicial. Está previsto que la próxima semana los dos fiscales sean sometidos a una audiencia imputativa, en la que se podría definir la detención de ambos.
En una conferencia de prensa, el fiscal general afirmó que, además de las declaraciones del imputado Peiti, existen otras evidencias, como filmaciones de algunos de esos encuentros y registros telefónicos que respaldan esas afirmaciones. Baclini explicó que hace diez días ese vínculo que consistía en pagar una suerte de cuota mensual a cambio de impunidad cambió porque el fiscal Ponce le informó a Peiti que "había una investigación detallada y profunda en su contra".
"Contactaron al señor Peiti y le pidieron en un hotel de Buenos Aires una suma mucho más importante de dinero, una entrega de 10 mil dólares", advirtió Baclini.
La semana pasada, en las audiencias, los fiscales desplegaron una serie de pruebas sobre una trama en la que el protagonista es Guille Cantero, quien diseñó una estrategia para obtener dinero a través de extorsiones a empresarios que manejan mesas de dinero en el centro de Rosario, situación que fue publicada por el diario La Nación el 19 del mes pasado.
La investigación contra esta red de juego clandestino, ligada a Los Monos, derivó del ataque contra el casino de Rosario en enero pasado. La que se sospecha es que el dinero que el clan narco obtenía por intimidaciones y extorsiones se "invertían" en salas de juego clandestino en distintos puntos de la ciudad.
El "negocio" del líder de Los Monos no solo es el narcotráfico, sino que encontró actualmente en las extorsiones un emprendimiento redituable, que manejaba Maximiliano Díaz, alias 'Cachete', imputado como uno de los organizadores del ataque a balazos contra el casino City Center a principios de enero pasado, donde murió el gerente del Banco Nación de Las Parejas, Enrique Encino.
En paralelo, el sampedrino que trabaja como Fiscal Regional en la Provincia de Santa Fe, es investigado desde noviembre de 2019 por la compra de dos autos a una concesionaria a la que presuntamente favoreció en una causa. Son dos vehículos de alta gama, por un valor de $3.000.000, a una concesionaria cuyo dueño estaba acusado en una causa que fue archivada por orden de dos miembros del Ministerio Público, que él confirmó. En su descargo, Serjal solicitó ser apartado de la "reapertura (de la causa) por posibles futuras intervenciones, aclarando que no veía afectada la objetividad pero no quería que pudiera malinterpretarse".
"En este escrito se aportan todos los datos de dicha compra a través de depósito bancario en un importe cercano a un haber mensual producto de ahorros y que se puede ver reflejado en mis declaraciones juradas, entregando un vehículo usado, financiando un porcentaje del vehículo a través de un crédito prendario, poniéndome a disposición como así también toda la documentación pertinente de la Legislatura. Aclarando que no se ha obtenido ningún beneficio o plan de pagos diferenciados de los que se ofrecen al público en general", afirmó el fiscal.
La raíz de la sospecha es una causa judicial por delitos económicos que fue iniciada por Omar Santero, de carrocera Sudamericana, contra Rómulo González, actual titular de Auto Rosario, que comercializa la marca Toyota. La causa fue favorable a González por una resolución con la firma de los fiscales de grado David Carizza y Natalia Benvenutto, confirmada por Serjal.
Un mes después de esta decisión, Serjal adquirió dos autos cero kilómetro en Auto Rosario. Fueron un Toyota Corolla y un Toyota Etios, ambos en versión full. Como los abogados patrocinantes, Gustavo Peirone y Walter Stramazzo, apelaron, la causa que había sido favorable a González se reabrió por orden del fiscal general. Serjal pidió ser apartado del caso, ofreció comprobantes sobre los gastos y el origen de los fondos y aseguró que la causa "fue resuelta con criterio jurídico, mediante la evaluación de evidencias y el estudio de las mismas".
El fiscal general Baclini advirtió que "la norma rectora del Ministerio Público de la Acusación indica que los fiscales deben observar una conducta pública y privada que no afecte la confianza en la función que cumple".
Y consideró que "mediante un simple análisis se puede advertir que la fecha aproximada de fines de junio que el fiscal regional señala como inicio de su gestión con Auto Rosario S.A. tendiente a la adquisición de un Etios y un Corolla (que según sus dichos finalmente se concretó en julio) es coincidente con la fecha de la resolución de la Fiscalía Regional a su cargo (18/06/2019) en una causa en la cual aquella firma se encontraba directamente interesada con su titular imputado".
El fiscal general Baclini decidió el apartamiento de Serjal del caso, pero además resolvió enviar el incidente a la comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa de Santa Fe "a los fines que pudiera corresponder".
Con información de Germán De Los Santos y diario La Nación
